Actualmente, en la provincia 29.619 personas están obligadas a pagar pensiones alimenticias.

El Consejo de la Judicatura (CJ) cumple un rol fundamental en el proceso de recaudación y acreditación de pensiones alimenticias. Su objetivo es garantizar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes que dependen de estas pensiones para cubrir sus necesidades básicas.

El Consejo de la Judicatura realiza un seguimiento riguroso del pago de las pensiones alimenticias. A escala nacional, el SUPA cuenta con 979 puntos para que los alimentantes puedan pagar las pensiones alimenticias y con 299 instituciones financieras para la acreditación correspondiente.

También, 7748 instituciones, entre públicas y privadas, realizan las retenciones judiciales respectivas.

Las retenciones judiciales, realizadas a través de las unidades de nómina de las diferentes instituciones públicas, constituyen parte esencial para la acreditación a las y los beneficiarios de pensiones alimenticias. De ahí la importancia de que la ejecución del proceso de confirmación de las órdenes de pago en el SUPA se realice de forma oportuna.

Los valores por pensiones alimenticias, así como sus incrementos o rebajas son fijados a través de resolución judicial.

A escala nacional, se procesaron USD. 307.2 millones de dólares de pensiones alimenticias a través del SUPA.

UNIDAD PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS